El problema está en las reglas y los incentivos de mercado que condicionan las decisiones individuales
Queremos alquileres asequibles, protección en situaciones de vulnerabilidad, facilidades para que los jóvenes se emancipen a una edad más temprana y condiciones que permitan a las clases medias y populares acceder a la vivienda en propiedad en términos razonables. También queremos acumular patrimonio ―como medida de prosperidad, opción de legado, protección frente al riesgo de desempleo o enfermedad y seguro en la vejez― y que el abundante ahorro que las familias destinan al ladrillo proporcione una cierta rentabilidad. Nos preocupa genuinamente el derecho a la vivienda, pero celebramos que aquel piso que compramos hace 20 años valga hoy más, mucho más, cuanto más mejor. Y si no estamos en este último caso, aspiramos a ello.