La silla vacía

Una democracia no se mide solo por las instituciones que tiene, sino por las que sus protagonistas eligen ocupar

Desde 2004, los expresidentes del Gobierno tienen una silla reservada en el Consejo de Estado. Ninguno la ocupa. Felipe González ni siquiera llegó a tomar posesión. José María Aznar aceptó el cargo en 2005 y renunció al año siguiente. José Luis Rodríguez Zapatero lo ocupó tres años, entre 2012 y 2015, y se marchó después. Mariano Rajoy prefirió volver a su plaza de registrador. La reforma que incorporaba a los expresidentes como consejeros natos vitalicios la firmó, en 2004, el propio Zapatero. La idea era sencilla: que la experiencia acumulada por quienes habían gobernado no se perdiera y siguiera vinculada al Estado. Pero pasó otra cosa: los expresidentes eligieron moverse en espacios privados antes que desde una institución pública. ¿Qué significa que el dispositivo público de canalización del capital político postpresidencial siga existiendo en el papel, mientras todos los llamados a ocuparlo prefieren la opacidad de la actividad privada? Soledad Gallego-Díaz observó hace algunos años que esa ausencia tenía un coste político preciso: cuando los expresidentes abandonan los lugares institucionales reservados para ellos, la influencia no desaparece; simplemente se traslada. Cambia de lugar, se vuelve más opaca y menos controlable. Lo dijo pensando en Felipe González, pero el diagnóstico ya valía entonces para los cuatro. Y el coste, hoy lo sabemos, no es solo personal, sino político.

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